EL REGRESO DEL FANTASMA DE LOS TRIBUNALES DE HONOR.

Algo alarmante está pasando. Una confabulación de factores y el empecinamiento de un licenciado en Derecho de León en convertirse en aprendiz de brujo, pugnan por hacernos retroceder mucho más que un siglo entero. Una cohorte de liliputienses se afana en dar los últimos brochazos mínimos para intentar desfigurar la deriva jurídica y moral,bajo veste de crisis financiera y económica, en la que nos encontramos. Otra cohorte de dictadores financieros y piratas de toda condición están al acecho para cobrarse sus enormes tajadas en detrimento de la mayoría de la población. La Constitución del 78 no ya es que sea papel mojado sino que, en la deriva beligerante con lo social y con las garantías más elementales, se viola a discreción por todo tipo de mediocres alzados a los niveles 30 y aledaños de las administraciones por el sistema del dedazo y el nepotismo (cuando no, mediante otras promociones más espurias todavía), tras una serie de reformas de la legislación de funcionarios que sólo benefician a los amiguetes y a los mandos de los sindicatos secuaces. Todo ello ante el silencio cómplice de ese engendro que es la sedicente administración de justicia y el resto de los chiringuitos llamados pomposamente garantizadores.

El artículo 26 de la CE proclama categóricamente que se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil. Los tribunales de honor eran una dudosa innovación española al régimen de los funcionarios públicos. Era una manera de quitarse de enmedio a un funcionario evaluando su dignidad dentro de un proceso sumarísimo y nada formalizado en el que el “encausado”, a la par que ignoraba qué era lo que verdaderamente se le imputaba, había de enfrentarse a otros cuatro o cinco funcionarios, insaculados entre los afectos al régimen de terror, que acosaban (no es una errata, pues en rigor no se acusaba sino que se acosaba) al funcionario para que terminara perdiendo la condición de tal. El objeto de ese falso proceso se decía que era la dignidad del personal público sin que previamente supiera la víctima qué se le imputaba (principio de tipicidad), ni cuál era el marco normativo para sustentar su eventual defensa que jamás era tal puesto que estaba cercenada de raiz. En resumidas cuentas los tribunales de honor eran una mascarada para aniquilar al “otro”. Con inobjetable criterio jurídico la Constitución del 31 los abolió y la del 78 -hoy aparentemente vigente-proclamó que quedaban prohibidos.

El espectro de la infamia en la que suele emponzoñarse el ser humano cuando se instala en grupos se vuelve a manifestar en pleno siglo XXI en una España que se dice –cada vez más en voz baja- constitucionalista y promotora y garante de un Estado de Derecho. En una España en la que hasta ahora ha venido gobernando un sedicente partido socialdemócrata junto a una oposición de los detentadores de toda la vida, y con unos sindicatos funcionariales que han optado sólo ya por seguir beneficiándose de una buena porción de tarta que se reparte entre los afectos (detentadores económicos, parvenús y ambiciosos aspirantes a detentar). Ante el estupor generalizado, todo funcionario de bien viene avisando: ¡Están volviendo los Tribunales de Honor! Quienes deberían vigilar el cumplimiento de las normas y la ejemplaridad pública hacen que miran para otro lado mientras se acrecienta el sentimiento de inconstitucionalidad que nos asola. Estructural inconstitucionalidad sobrevenida.

Convertido el derecho administrativo en desnudo lenguaje del poder y aniquilado el efecto directo de los principios de mérito y capacidad, de la llamada “eficacia indiferente” que debe de acompañar a la “imparcialidad” de los empleados públicos, y con la mayoría de los funcionarios de niveles 28, 29 y 30 acantonados en sus consolidaciones o en sus procesos de consolidación, la tropa y los mandos intermedios (cada vez menos intermedios y más tropa en la que se mezcla premeditadamente churras con merinas) están al azar de las arbitrariedades del jefecillo accedido a tal por el juego de espejos deformantes de las libres designaciones y los concursos dirigidos. El cada vez más numeroso ejército de personal de las ETTs y de las empresas de obras y servicios actúan de espectadores cuando no de "testigos protegidos". Es aquí donde entra en juego el “tribunal de honor” para forzar a los funcionarios de carrera a la cascada de prevaricaciones más variadas e infames que presiden el diario actuar en el ámbito público; atentatorias no sólo al interés general sino del esfuerzo contributivo de los españoles que no defraudan. Bajo el lema “son lentejas” el funcionario no puede aducir derecho alguno o valor superior constitucional que detenga el atropello: o acepta su involución a la categoría de esclavo o es invitado a marcharse. Así de sangrante. Así de inconstitucional.

El optimista empedernido dirá que esas cosas son minucias, que han ocurrido siempre. Puede que lleve razón, lo que pasa es que en España estamos demasiado acostumbrados a los paréntesis constitucionales y los tribunales de honor que ahora se enseñorean de las administraciones se dieron en determinados momentos históricos. Precisamente esta circunstancia habría de hacer decaer el optimismo: antes al contrario, incita al pesimismo antropológico que tan cabalmente describiera Sandor Màrai en “Confesiones de un Burgués”. Es en los momentos de crisis y transiciones cuando el ser humano acepta la barbarie y se involucra en ella.

Nadie duda ya de que impera hoy el sistema de botín en el que el vencedor electoral y sus adláteres se cobran los puestos como despojo y desalojan a conveniencia propia y sin rastro de mínimas garantías jurídicas a quienes pueden incomodarles por las más variadas razones, incluidas probidad, honestidad y decencia. Mientras tanto crecen los contratos millonarios de obra y servicio que nunca cumplen lo estipulado. Nadie parece indignarse dentro de las administraciones dado el clima de cinismo y terror (si, si terror) que ha terminado imponiéndose. Y lo grave no es que nadie se indigne y lo haga patente sino que hay muchos que se prestan a la mascarada de constituirse en miembros de esa instancia "informal" intimidatoria y acosadora prohibida por la Constitución de 1978. Así de dislocado esta un patio (el patio de Monipodio) en el que se mezclan, además de otras raleas, los miedosos con los inescrupulosos.

Triste le resulta al viejo Dacio Gil decirlo, pero asistimos a una fuerte deriva constitucional. Asistimos a la impunidad guatemalteca instalada en la administración civil que debería estar al servicio del público. Todo está trastocado. Nadie lo ignora. Pero todos callan. Los primeros los sindicatos, secuestrada su cúpula económicamente con dádivas, promociones varias, sinecuras y viáticos.

No resulta baladí el regreso exponencial del fantasma de los tribunales de honor. Parece que se aceptan de grado, sin detenernos a pensar que cuando se generaliza el “son lentejas” el sedicente Estado de derecho es un hueco espantajo carente de alma y ánimos. Si la descomposición afecta –como afecta gravemente- a los ámbitos de ejemplaridad pública, todo lo demás son discusiones bizantinas.

En ese contexto nos movemos ya. Entretenidos y distraídos con mil y una añagazas, en el dintel mismo del Averno nos encontramos. Nuestras ropas huelen ya a chamusquina pero nos empeñamos en darle y darle al ambientador para tapar ese olor.

Resulta incomprensible que dejemos perecer nuestro honor mientras proliferan esas lacras que son los tribunales de honor. Esta Tribuna Alta Preferencia se suma a quienes lo denuncian.

Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen…o unos lo saben demasiado bien y por eso lo hacen y otros son incapaces de controlar su miedo y por eso colaboran.