PANTOPÍA DE LA FELÍZ GOBERNACIÓN: GUATESPAÑA, DE NUEVO

Está visto que, por razones que aún no se nos alcanzan, la diplomacia soft de los Estados Unidos, tiene tomada la decisión de poner a Guatespaña como ejemplo negativo. Los juicios-espectáculo,  la apropiación privada de fondos públicos, las connivencias de la judicatura con los Señores del poder, el más absoluto descrédito de la Justicia como mecanismo de resolución de conflictos y protección de la gran masa de desfavorecidos son algunos de los elementos que caracterizan la actualidad de Guatespaña. La enumeración de las miles de características más harían fatigosa su exposición en esta entrada. Piensa el viejo Dacio Gil que los Estados Unidos tratan de esgrimir el caso de Guatespaña para aliviar su mala conciencia moral e intentar “redireccionar” los acontecimientos. No puede olvidarse el papel jugado por los yankees en la inoculación masiva de enfermedades físicas y morales que están ahí para que las analice el curioso lector de la historia. Ahora parece que se pretende que la justicia norteamericana –tan desacreditada como los demás sistemas de justicia- redoble el eco mediático de una serie de casos elegidos no precisamente al azar de entre los que pueden entresacarse del albañal ético, económico e institucional que caracteriza Guatespaña.

Cuando aún se mantienen vivos los ecos del simulacro de justicia con Efraín Ríos Montt (y la infanta Cristina, y Blesa, y el Banco Santander, y Urdangarín, y Gürtel, y Bárcenas, y tantísimos más de menor repercusión mediática), ahora resulta que un tribunal federal de EEUU trata de juzgar –o hacer que juzga, para ahuyentar las posibles trazas de connivencia directa o indirecta y la mala conciencia del iniciado- al  extravagante expresidente Alfonso Portillo por lavado de dinero en aquel país. Resulta significativo, a la vez que sospechoso. A este paso Urdangarín, Bárcenas, doña Cristina o cualquier otro mangante, mandante, mandado o deficiente cognitivo terminará con sus huesos en algún remoto juzgado federal y –al igual que ocurre aquí- será al fin considerado no culpable por el doble juego jurídico de la martingala invertida. Entre tanto miles y miles de ciudadanos corrientes de Guatespaña serán perseguidos por la saña del censor judicial. ¿Simple cuestión de elección de la dirección letrada? ¿Errónea elección de la jurisdicción competente? ¿Mayor o menor pericia del conjunto de refulgentes estrellas de  la fiscalía del lugar?

En cuestiones de justicia e injusticia nada es lo que parece y no podemos llamarnos ahora a andanas. La mentira es la figura estelar en las salas de audiencia e impregna todos y cada uno de los pasos procesales, tal y como enseña desde sus primeras páginas el esclarecedor libro de Gilbert Maurey Mentir. Ventajas y desventajas. En los estrados sólo muestra sus encantos la mentira, pero, eso sí, una mentira camuflada de verdad y hasta solemnizada por unos jueces capacitados por el sistema para no enredarse en las verdades. Aceptado, pues, que en el sistema de justicia todos tienen que mentir si aspiran a subsistir, la desesperanzada conclusión es que sólo quien cuenta con el mejor careta tiene posibilidad de ganar un juicio. O eso o las influencias sotto voce o las fraternidades nunca confesables. En ese reino de la mentira aparentan impartir justicia los presuntuosos y prepotentes empuñetados togados y enmucetados: consideran vulgar retórica aquel cáliz ideado y amasado para consumo del rudo  vulgo cuya formulación retórica venía a decir aquello de ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Cínicamente hemos consentido este sistema de cosas, aquí en Guatespaña y en otras latitudes.

Quien quiera hacerse una cabal representación mental de la Justicia que dedique siquiera unos minutos a una entrada en cualquier buscador informático indicando como descriptor justicia news. Podrá elegir entre Justicia news; justicia & news y oficinajudicial. La primera tiende a presentar más o menos la realidad con cierta ironía y sarcasmo. Las dos siguientes son pura propaganda comercial (¿institucional lo llaman?) de la venta de la bacalada judicial. Ejemplo paradigmático de la manera de tirar con una mano el dinero público mientras con la otra se hace entrega del resto a alguien que se lo embolsa bajo cuerda. Causa estupor que en momentos en que la justicia se encuentra literalmente en el barro, el ministerio covachuela despilfarre sus dineros -mientra el Estado se embolsa el tasazo- en vender una utopía para estadísticos, desamortizadores, vividores públicos –y privados- y enajenados. Así nos luce el pelo.

Ahora que, como siempre, bajan revueltas las aguas de la educación,  y que parece poco viable el método Jacotot  reclutando para la función pública “maestros ignorantes” al modo de como lo describe Jacques Rancière,  debería hacerse obligatoria la asignatura de Pantopía bajo el libro de texto Escuela de Mandarines de Miguel Espinosa, para intentar vertebrar la búsqueda de la verdad y entablar combate con la mentira institucional, desnudando el apotegma máximo de la completa sumisión ante el poder que utiliza el derecho y el proceso a manera de simple juego de “Sistemática Pugna”.

La lectura de Miguel Espinosa no es nada fácil pero resulta enormemente enriquecedora moral e históricamente pues con una belleza inusitada de pasajes presenta la descarnada historia de las instituciones (el Hecho, o sea: el Estado) a través de sus castas: mandarines, legos, auxiliares, becarios, aspirantes, alcaldes, lacayos del Poder, hombres de estaca, y así  hasta llegar al Pueblo. Es de esperar –aunque en modo alguno sea tarea fácil verter su denso contenido en obra teatral- que el buen hacer de Ernesto Caballero en la dirección del CDN pueda hacer visible escenográficamente Escuela de Mandarines de la misma brillante  manera  que han resuelto Juan Carlos Rubio y Eduardo Moreno al frente de un dignísimo elenco de actores y volatineros la vida de Catalina de Erauso en la obra La Monja Alférez aún en cartel en el María Guerrero.  

En el capítulo 69 de Escuela de Mandarines puede leerse un pasaje perfectamente aplicable a la realidad guatespañola:

-Prefecto, ¿qué dice el Derecho? ¿Me oyes?, ¿qué dice? –preguntó

- Desdichado, el Derecho nació para defensa de los señorones –repuso el Acusador-. Por tanto, presume mal de vosotros, los pobres y los rebeldes; empero no podéis sorprenderos ni protestar, porque se os advirtió desde la cuna.   

GUATESPAÑA.

La globalización nos ha situado en Gautespaña. Somos la simbiosis perfecta de las manifestaciones de parcial imparcialidad de las judicaturas y demás intermediarios jurídicos. Nos dicen que ese es el mejor de los mundos y todo está penetrado por el reclamo a lo que antaño se llamaba Opinión Pública. Con razón los expertos aluden a la completa actualidad de Walter Lippmann en casi todo el mundo. 

Somos Guatespaña por simbiosis de unos y de otros; de allá y acá. Quien conozca bien ambos países tendrá para sí sin ningún género de dudas que los dos se parecen como dos gotas de agua: Ambos son monarquías (reina la impunidad con pequeños maquillajes pseudojurídicos); ambos tienen un poder judicial sospechoso de toda sospecha (la organización judicial no cree en el anclaje social de su actividad, pues cree deberse -y a eso aspira sin tapujos- exclusivamente a los de la casta superior); en ambos las víctimas están previamente sojuzgadas por el miedo. En esta Tribuna Alta Preferencia se ha tratado de analizar en varias ocasiones la impunidad guatemalteca que se impone en ambos países cuando hay que debatir algo sobre la doble cara de la institucionalidad. Guatemala y España tienen desde antiguo una concepción muy peculiar de la base jurídica del sacro imperio romano germánico del que se dice dimana el sistema jurídico que pretendidamente se aplicaría en sus audiencias. Es por eso que el fiscal español Carlos Castresana pasó una temporada pensionado en Guatemala y por sus obras allá es conocido. El Ron Zacapa es altamente valorado en España. Y ahora la fundación del Real Madrid nos sale con que va intentar establecer un caladero (¿futbolístico o fiscal?) en Guatemala. La leída cursilería -siempre lee los discursos que le preparan, nunca es espontáneo) de Florentino Pérez y su Lobby planea también sobre Guatemala.

En la época  en la que  el viejo Dacio Gil era un joven purasangre y se hubiera jugado la vida por que las normas jurídicas pudieran servir como palanca para facilitar el cambio social en orden a alcanzar un sistema humano y honesto de resolución de conflictos, conoció en un magisterio en Derechos Humanos a un alto juez guatemalteco que había salido por pies de su país tras librarse de milagro de una matanza en la propia sede judicial. Desde esos ya  lejanos tiempos data su interés, cuando puede próximo y cuando no en la distancia, sobre todo lo que acontece en ese país al que  la violencia cotidiana (¡institucionalizada e institucional!)  sirve de argamasa. Y cuanto más ha logrado profundizar en Guatemala más similitudes ha encontrado con España. Los sistemas judiciales sólo se diferencian en un pequeño dato, allá policías, jueces y fiscales literalmente matan; acá destruyen la vida de unos y con absoluta lenidad preservan los vergonzosos privilegios de la  casta dominante.  No precisamente por humo de pajas, fue que la CICIG eligió a un fiscal español vinculado a la institucionalidad pública y al poder como cabeza visible en Guatemala. En la organización judicial española se han comprendido siempre a la perfección las cesuras del sistema guatemalteco.

La reciente resolución de la Corte Constitucional guatemalteca, tras el amago paralizatorio  (suspensión provisional) intentado por la Sala Tercera de Apelaciones en base a una escaramuza procesal del abogado del principal imputado,  de anular el juicio condenatorio al expresidente guatemalteco vuelve a poner, salvando algunas distancias obvias, las similitudes en su sitio. En España se habla de “desimputación” y en Guatemala de anulación. Todo justificado por aspectos formalísticos del derecho: el debido proceso. La democracia no quiere ser sólo formal, pero el derecho hunde sus raíces en el procedimiento y mira para otro lado en lo sustantivo. Los jueces en ambos países sólo retienen ya un débil aspecto de legitimidad, la legitimidad procesal: buscan y rebuscan en los intersticios de los preceptos para  beneficiar o castigar según convenga a quienes detentan en ese momento el poder visible o invisible. En ambos casos se busca que la justicia (las imágenes de esos procesos iniciados o truncos) sea el eje de la campaña publicitaria internacional.

El viejo Dacio Gil no quiere resultar fatigoso sobre este asunto, mejor será recomendar prestar atención a lo que siga aconteciendo en la constatación de las similitudes. Tanto en España como en Guatemala cabe hablar en propiedad de impunidad guatemalteca. Y a quien sea presa de la duda mejor será recomendarle que escuche con atención las canciones de Ricardo Arjona. Las letras del universal trovador guatemalteco nos recuerdan que somos lo mismo.  Tocando fondo; Como duele; Puente; Caudillo; Quinto piso; Mi novia se me está poniendo vieja u otras tantas más hablan de esa identidad, sea en el amor... como sea en las diferentes institucionalidades.

O, para ser más felices en la expresión, nos recuerdan que somos todos ciudadanos de Guatespaña.  

NO HAY DEMOCRACIA SIN CONTAR CON EL ALMA DE LAS VÍCTIMAS.

Por unas razones o por otras –no es el momento ni el viejo Dacio Gil goza de autoridad alguna en este enjundioso tema-  la democracia tal y como hoy la padecemos no goza precisamente de buena prensa. La estrategia mundial de la doctrina del shock , o como convengamos en llamar a esta concatenación de crisis y desastres institucionales, ha conducido al concepto “democracia” a un callejón sin salida: se pierde en un vagoroso mundo de abstracciones sin concreción en los aspectos vitales de los ciudadanos. La disyuntiva democracia o miedo ha servido para desmantelar todo  un entramado de derechos sociales conseguidos con bastante sacrificio (y contrapartida de las bonanzas económicas, todo sea dicho honestamente)  pero sirve para poco más. Hoy es frecuente escuchar que hay que “relegitimar” las democracias.

No es preciso ser un experto en victimología  para percatarse que en el futuro de las democracias han de jugar un papel trascendental las víctimas. Sin ponderar e incorporar el sentimiento de las víctimas y de quienes han sufrido diferentes manifestaciones modales de violencia –hasta ahora ignoradas o exiliadas en el limbo del silencio instrumental- la democracia seguirá girando en el vacío en beneficio exclusivo de los instalados y sus beneficiarios directos e indirectos.

Tal vez en el primer estadio de  esa ilusionante  democracia de las víctimas, las llamadas clases medias  (hasta ahora protegidas por la entelequia mutante del interés general) serán las más perjudicadas viendo debilitada su posición jurídica, pero, visto lo visto, parece la única vía para levantar a la democracia del suelo en que se encuentra y hacerla andar de manera ciudadana y no desde las élites. Como con cierta gracia advierte el filósofo esloveno Slavoj Zizek, todos vendríamos a ser nuevos comunistas cobrando fuerza de las voces y los relatos de las víctimas, al modo de pedagogía de lo que jamás vuelva a ser una democracia defraudada en sus propios fundamentos.  En un libro de 1991 (1993 en español) que  debería de reeditarse ahora  (El miedo al vacío. Ensayo sobre las pasiones democráticas), Olivier Mongin hablaba de “volver más habitables las democracias”. Mongín mantenía que el miedo al vacío no se puede disociar de una representación desencarnada, desértica, reseca, del mundo.  “El miedo al vacío (que oculta los sufrimientos y los horrores que nutren las violencias cotidianas) da lugar a un mundo sin historia que debilita la civilidad y el civismo al punto que flotan como fantasmas.” Postula pasar del miedo al otro al miedo por el otro. Adelantándose   a las modernas formulaciones de la democracia dialógica, busca el eje en las confesiones institucionales de debilidad por no haber escuchado las quejas de las víctimas que han perdido la fe en la Polis. Casi a modo de conclusión, Olivier Mongin hacía,  más de 20 años atrás,  una clara proclamación: “¡Convertir las pasiones provocadas por el miedo! Dicho de otra manera, favorecer el pasaje político de la víctima al ciudadano, sabiendo que el ciudadano jamás tendrá derecho a olvidar a la víctima sin la cual la institución de la Polis pierde su destino, su sentido (…) Cuando el ciudadano se calla, cuando el hombre político permanecen en silencio, los ciudadanos se transforman a sí mismos fácilmente en víctimas, y ya no hay fronteras entre uno y otro."

La reciente noticia de la condena al general Efraín Ríos Montt en una sociedad extremadamente violenta con las víctimas como es Guatemala parece un paso adelante aunque bastante tardío, por lo que  habrá que observar con cautela y sumo interés  la evolución de los acontecimientos dada la absolución, por el juego procesal del silencio del imputado, del ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez. El tribunal hace en la sentencia una abstracta reflexión sobre la necesaria petición de "perdón por parte del Estado", pero considera culpable sólo a Ríos Montt, lo que permite sospechar que se haya tratado sólo de un nuevo juicio- espectáculo de dimensión internacional. En el contexto de las sinuosidades y complicidades de la justicia guatemalteca, de la presión asfixiante de las mafias institucionales dentro de una sociedad  fuertemente dividida  y el papel de muñidor que han venido tradicionalmente jugando  los EEUU y sus organizaciones internacionales satélites, habrá que analizar también qué se esconde tras la letra pequeña del llamamiento  al “ respeto por la institucionalidad pública” reclamado por el presidente guatemalteco, el también militar Otto Pérez Molina.

El caso de la sentencia condenatoria de Guatemala al casi nonagenario general  podría resultar paradigmática si no existieran otros sospechosos  precedentes, como el del caso de suicidio ejecutado por otros del letrado Rodrigo Rosenbeg Marzano resuelto hasta el momento de manera cinematográfica de serie B (sin que sea alusión alguna, de momento,  al documental de Justin Webster  I Will be Murdered ) bajo los auspicios de la CICIG. 

La ciencia política moderna destacó desde sus inicios los riesgos  que entraña la “racionalización” institucional de los fenómenos políticos emergentes, pero la historia se ha venido construyendo hasta la fecha a través de ciertas concesiones institucionales bajo la presión de las víctimas. No cabe otra alternativa.

En la España de hoy, en la que cunde una ola de anacrónico autoritarismo gubernamental-mediático, cuando las víctimas intentan articular su mensaje y cobrar algo de voz y de imagen en los espacios públicos enseguida se habla de escraches y se establecen mecanismos “antiviolencia” para intentar acallar  los mensajes de las víctimas a sus conciudadanos. Para las instituciones sólo existen las víctimas reconocidas por el Poder. En el caso de España, sólo las de ETA (no las del terrorismo) y algunas de las de género; el resto son ignoradas, cuando no reprimidas con los diferentes modos al uso, salvo las de los accidentes de tráfico que parece que se quiere que estén identificadas por la DGT, para, al parecer, contener el coste de las indemnizaciones judiciales que han de sufragar las compañías aseguradoras. Todo parece indicar que las compañías de seguros quieren  seguir transaccionando extrajudicialmente entre ellas el coste de los siniestros a espaldas de las víctimas y sus familias. Racionalización mercantil se llamaría eso.

¡Hay que hacer habitables las democracias! 

O, volviendo a las palabras de Olivier Mongin: “El respeto de la vulnerabilidad es el nudo gordiano. Esta vulnerabilidad produce tanto miedo entre los hombres de la democracia que llegan a creerse invulnerables. A volverse locos. Por miedo a lo banal.”

Sirvan estas modestas digresiones del viejo Dacio Gil, que algo conoce del asunto y ha tratado de irlo expresando a su modo en esta Tribuna Alta Preferencia, como humilde homenaje al Movimiento 15 M y a otros movimientos similares que tratan de poner voz al alma de las víctimas institucionales, para que intenten no desaprovechar -no desaprovechemos entre todos - las posibilidades que parecen ofrecerse para intentar ser algo más que objetos de una violencia modal sofisticada que parece estar pegada a nosotros como si fuera nuestra propia sombra.

EL TRISTE CIRCO JUDICIAL.

Últimamente el viejo Dacio Gil intenta practicar una saludable intermitencia en eso de sus apariciones en la blogsfera. Tiene perdido el fuelle (léase la fe, la esperanza y hasta la caridad) en eso de expresar pensamientos con incidencia en los acontecimientos patrios. Andan ahora las preocupaciones del usufructuario de esta Tribuna Alta Preferencia por otros derroteros como son las razones y consecuencias sociológicas del amor; por la paradigmática  gresca existente entre los servicios secretos del CNI, la policía, la guardia civil y la defensa;  por la aplicación de las pretendidas bondades absolutas que nos dicen comportará la futura y cada vez más inminente Ley de Transparencia  que también dicen (¡tanto nos dicen!) se viene cociendo en el INAP y en el CEPC parida de las cabezas de los equipos de los profesores Pendás, Arenillas y Villoria. El viejo Dacio Gil ha entrado en una preocupante fase de insomnio  de tanto pensar cómo se aplicará la que dicen será la “nueva Constitución” a las diferentes caras de la institucionalidad como son la mentira, el disimulo, los sonoros silencios, las mascaradas, el doble lenguaje, la triple contabilidad y todos los demás métodos ideados para sustraer el acontecer institucional al conocimiento general. Sobre todo, queda este viejo Gil en  estado intelectual de postración intentando conjeturar cómo se aplicaría la transparencia a las alcobas en las que despliegan sus amores (¿o será su sexo?) quienes ostentan jerarquías institucionales. Y, mucho más complicado aún, cómo disciplinará esa sospechosa nueva ley de leyes en la sociedad de la información a las múltiples sociedades secretas que copan los cómodos y bien retribuidos nichos que usufructúan aristocráticamente las  “élites del poder”. Se avizora conflicto irresoluble con la legislación de secretos oficiales y hasta con la simple -pero no tan simple en su aplicación- ley de protección de datos. El eterno círculo vicioso engalanado de virtuosismo.

Cabe suponer con criterios fundados que le pretenciosa Ley de Transparencia dormirá el mismo sueño de los justos en que se encuentran la ley de tráfico de influencias, la de incompatibilidades y hasta la propia constitución de 1978, adormiladas en el regazo de Morfeo: Instrumental lenguaje del Poder aplicado según sople la conveniencia. Así es la vida. Así está el derecho. Esas cosméticas soluciones cabe esperar de las instituciones públicas, privadas, medio pensionistas o de “empleo parcial o reducida jornada”.

Pensaba hablar el viejo Dacio Gil del absoluto y radical descrédito en el que se encuentran el derecho y la justicia al hilo  del despecho sentido por el abogado de la Reina Sofía (la reina de España parece que demandó a la web de adulterios discretos Ashley Madison bajo la dirección letrada del hijo del antiguo presidente de Las Cortes, que era catedrático de derecho civil como el hijo) por no haber resultado reelegido por los letrados madrileños o, al otro hilo, por los flirteos romántico-mediáticos del juez López como síntoma inequívoco de qué sea al fin eso de hacer justicia en un distorsionado subconsciente colectivo manipulado por los señoritos de siempre y sus adláteres; o, peor aún, qué cosa o emoción pasa predominantemente por la cabeza de un juez o una jueza -y nubla su entendimiento- cuando dicta una resolución en la que otros se juegan la vida en el asunto. Pero no hará nada de eso el usufructuario de esta Tribuna Alta Preferencia conocida la noticia de la Audiencia de Palma, no por esperada menos desasosegante. ¡Esto es España, señores! ¡Tápense la nariz, los ojos y la boca!

Ante la impotencia que provocan en el viejo Dacio Gil todas las  noticias atinentes a la sedicente Justicia, cargadas de verbalizaciones de cínico respeto, se limitará a transcribir la entrada de fecha 2 de abril de 2013 en el blog Palinuro titulada ¿Justicia en España? No me haga reír, hombre. Aunque entiende que el autor de  Palinuro se queda muy corto aludiendo sólo a los casos más relevantes políticamente, bien vale de ejemplo. El viejo Gil ni pone ni quita rey ni sustrae ni adiciona tilde, Ramón Cotarelo se sirve por sí solo con superior criterio que está muy por encima del viejo Dacio Gil:   

 Ignoro si la Justicia española es un cachondeo, como sostuvo en su día Pedro Pacheco con notable tecnicismo jurídico. Pero queda claro que, si no lo es, se le aproxima bastante con todos los caracteres de ley del embudo, justicia de clase y justicia de partido, generalmente en contra de los desfavorecidos y al servicio de los privilegiados.

Y descaradamente. A los hechos me remito:

• Caso Naseiro. El primer tesorero del PP al que pillaron en circunstancias iguales a las de Bárcenas ahora. Los jueces archivaron el caso mediante una triquiñuela legal de unas cintas que no se dieron por admitidas como prueba. En presunto delito quedó sin castigar.
• Caso Aznar. Es de menor rango pero muy significativo. Debidamente denunciado por infringir las ordenanzas municipales de Málaga por pasear los perros sin correa ni bozal, Aznar no será sancionado porque, según el ayuntamiento, hay cosas más importantes que hacer. Ese ayuntamiento, mañana, puede ponerle una multa a usted por hacer lo mismo que Aznar.
• Caso Cristina de Borbón. Al margen de si es tonta o se lo hace, hay ya indicios suficientes para imputarla, pero es altamente improbable que suceda. Y eso que su padre anunció que "la ley en España es igual para todos". Simplemente, no es verdad. Cristina, su familia, la Iglesia, los ricos, las derechas, el PP, están por encima de la ley.
• Caso Urdangarin. Mientras que en el caso de los EREs en Andalucía hay ya media docena de personas en prisión preventiva, en el de la presunta estafa de Noos, ninguno de los implicados ha pisado una cárcel ni es previsible que lo haga en un futuro próximo.
• Caso Fabra. Casi diez años de instrucción gracias al filibusterismo judicial del cacique; nueve jueces y otros tantos fiscales han pasado por la causa sin que el presunto ladrón haya sufrido la más mínima incomodidad. Al contrario, ha seguido en sus cargos y cometiendo todo género de desaguisados en ellos. Por fin tiene fecha para juicio oral por uno de sus numerosos supuestos delitos. Está por ver que sea condenado.
• Caso Camps, el Curita, amigo del alma de El bigotes, al que quiere "un huevo", absuelto gracias a un jurado popular que no lo encontró culpable de lo que a todas luces es culpable, siendo, por lo demás, la parte menos vistosa de sus supuestos latrocinios.
• Caso Camps/Barberá. Cuando ya es patente que estos dos mendas malversaron millones para dárselos a Urdangarin, el presidente del gobierno anda presuntamente haciendo gestiones para evitar que los imputen con el cuento de que tiene que salvar la Monarquía cuando lo único que le importa es que no caigan más delitos sobre el PP que, a estas alturas, parece una organización de delincuentes. Y quizá lo consiga. Quizá consiga que queden sin castigo expolios de millones al erario público.
• Caso FUNDESCAM. Parece bastante claro que el PP se financió ilegalmente con dinero negro canalizado a través de esta opaca fundación a mayor gloria de Esperanza Aguirre y cuyo principal valedor, Díaz Ferrán, está hoy en el trullo por presunto ladrón. Pero hasta la fecha nadie ha iniciado acción alguna para esclarecer los hechos. Se prefiere que prescriban. Lo habitual es que la fiscalía se niegue a actuar de oficio cuando se trata de presuntos delitos de gentes del PP.
• Caso Bárcenas. El último especimen de la lista de presuntos ladrones/tesoreros del PP. Millones de euros evadidos, quebranto a la Hacienda pública, entregas irregulares de dinero negro supuestamente repartido entre dirigentes del PP, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, encerrado en un silencio de molusco. Y ni un detenido ni un encarcelado.
• Caso Gürtel. Millones y millones estafados a las administraciones, defraudados a la Hacienda, decenas de cargos del PP presuntamente implicados en cobros ilegales, corrupción en todos los niveles de las administraciones públicas. Ni un solo condenado hasta la fecha excepto el juez que empezó a investigar el caso, Baltasar Garzón.
• Caso Feijóo, pillado de paseo con un reconocido narcotraficante y, por tanto, sospechoso de todo tipo de ilícitos penales. El martillo de Anxo Quintana, cuya dimisión exigió a gritos en su día por algo que no era ni la centésima parte de lo que se deduce de las relaciones de Feijóo con Dorado. No solo se niega a dimitir sino que nadie inicia una investigación sobre su nauseabundo comportamiento.
• Caso Rajoy. Involucrado en los "papeles de Bárcenas" como uno de los receptores de dinero negro en sobres, se niega a dimitir y a dar explicaciones satisfactorias e impone silencio a su partido sobre el asunto, ocultando información a la ciudadanía. A estas alturas esta sigue sin saber a ciencia cierta cuánto dinero cobra y ha cobrado en los últimos años al mes Rajoy. Solo se sabe que tuvo el morro de subirse el sueldo un 27% hace un par de años, mientras reclamaba que se le bajara a todos los demás. Y, por supuesto, nadie ha iniciado investigación alguna sobre un comportamiento presuntamente corrupto.
• Caso Juan Carlos I. Los últimos meses han dejado claro que el Rey de España no solo no tiene un comportamiento aceptable sino que es directamente reprochable. A sus aventuras africanas, el aparente miniserrallo que tenía cercano a su residencia, sus oscuras maniobras en lo referente a su yerno y el modo en que ha acumulado una inmensa fortuna, se han añadido unas cuentas en Suiza con unos capitales a su nombre que, al parecer, se han ocultado al fisco en España. Es decir, Juan Carlos viene a ser un evasor más pero, obviamente, a nadie se le ocurre que puedan iniciarse acciones judiciales en contra de él.
  
  Eso es solo para los pringaos. ¿Justicia en España? Venga ya.