Si verdaderamente viviéramos en una democracia se habría facilitado –al menos facilitado- la entrada en la contienda de votos al movimiento juvenil asociativo que pide otro modo de hacer democracia. Por el contrario, han sido los minoritarios y los microminoritarios los primeros interesados en imposibilitar tal eventualidad en la esperanza de rebañar el descontento y crecer ellos. Ellos que han sido mera polea de transmisión del PSOE.
Lo de las Juntas Electorales (un rico sobresueldo para determinados miembros pluriempleados de la judicatura, los secretarios judiciales y algunos funcionarios de la cuerda) es de esperpento. Ante ellas también los ciudadanos deben de ventilar sus argumentaciones para excusar su presencia, como si no hubiera hoy medios técnicos para armar alternativas de participación. Como se trata de un numerus clausus, no cabe esgrimir la verdad. Como todo en los juzgados, hay cierta obligación a ser cínico también en las excusas. Cínico por hiperformal. Si quieres excusar tu participación has de mentir, pues si acudes con la verdad por delante te crucifica el rigorismo formal decimonónico. Las Juntas Electorales Locales son un verdadero disparate en cuanto a auténtica gestión. Al menos la Junta Electoral Central es un escabinato en la que se mezclan churras y merinas a propuesta de los partidos: catedráticos de cámara, jueces y leguleyos varios. Su trabajo se desempeña por elevación. Pensionada elevación.
La verdad es que la práctica del sistema electoral demanda una completa revisión, sobre todo en épocas de crisis y paro exponencial como la actual. Las mesas deberían de conformarse con jóvenes o parados y jubilados voluntarios. Menos monsergas de apoderados, interventores, coordinadores y observadores y más auténtica participación ciudadana y compromiso voluntario. Menos familiares de los jueces y de los Delegados del Gobierno y más juventud con ganas de aprender y participar: a modo de "becarios electorales".
Por eso debe de ser recibido como se merece Andrés Vaíllo, el joven objetor de conciencia de Elche, que ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho verdades tan grandes como la Catedral de Burgos. A Andrés Vaíllo le cabe el honor –y también la gloria- de haber patentizado que caben el 15 M y los movimientos por otra democracia real en estas próximas elecciones. Por activa o por pasiva. Si las elecciones son una fiesta, resulta hipócrita que la participación sea obligatoria y que en caso de solicitud de revocación del nombramiento la resolución de la Junta Electoral no sea motivada. Si cabe la objeción de conciencia para mil órdenes sociales y profesionales diversos ¿cómo no va a caber una objeción de conciencia, si, encima, ésta aparece motivada y razonadas las claves personales del objetor? ¿En pleno siglo XXI cabe el manu militari electoral? ¿Es obligatorio concernirse inexcusablemente con el ritual del siglo XIX? Cuando ni el servicio militar es obligatorio, ¿es lícito hacer rabiosamente obligatorio el ser mesa? ¿Y por qué no silla, alfombra o felpudo?
El viejo Dacio Gil entiende que el futuro es de los jóvenes. Y los jóvenes vienen manifestando hasta la saciedad que este sistema representa a unos pocos, sólo a unos pocos: que a ellos no les representa. Resulta incongruente que se obligue a participar en la burocracia al que no quiere. Son otros tiempos y hay otras técnicas. Esta democracia hispana está anquilosada en las inercias del pasado y en la corrupción, tal como ha recordado recientemente el sabio Ignacio Sotelo. Y hay personas que no quieren ser cómplices ni encubridores de las derivas de Régimen político. Y hay personas, con ímpetu y conciencia juvenil, que tienen todo el derecho del mundo a discrepar y expresar sus objeciones al sistema: quieren un cambio que es, por otra parte, inexorable. Los objetores son unos adelantados. Sus denegadores unos retrógrados que gustan de intitularse demócratas.
Toda revolución para serlo ha de contar con sus mártires. El Movimiento juvenil de protesta (los indignados o como quieran denominarlos) del 15 M ya tiene a Andres Vaíllo como estandarte inequívoco. Detrás de él hay sin duda muchos más. Tantos como se han manifestado en los espacios públicos.
Los instalados del Régimen han imposibilitado la presencia electoral de quienes aspiran a la democracia real y se indignan con los remedos mercantiles. El TC –esa entelequia tan profunda- ha santificado el requisito de las firmas para constituir alternativas electorales. Pero nadie en su sano juicio debería seguir manteniendo esta hipocresía del siglo XIX de que la leva electoral es obligatoria para todos; incluso para quienes esgrimen sólidas razones éticas, políticas y personales.
Si en verdad somos mamíferos razonables, deberíamos exigir ya un radical cambio en el sistema de insaculación de la burocracia electoral y un transparente y veraz régimen de excusas.
La democracia jamás se ha construido a empujones del comisario electoral ni por imposición del camarada demócrata.
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