Los tramoyistas de la crisis europea van poco a poco consiguiendo sus objetivos sin que ni siquiera lleguemos a conocer sus rostros y sus caras. Lo único que se pretende, vistos los antecedentes transatlánticos, es introducir un nuevo modelo de gestión: un gobierno hueco servido por subcontratistas. Pero para poner en marcha un nuevo modelo de gestión se hace preciso pisar muchos callos, reventar bolsas de derechos legítimamente adquiridos, llevar a cabo un “cumplimiento selectivo” de la legalidad vigente, imponer la férrea disciplina en todos los poderes del Estado y, fundamental y surrepticiamente, elaborar unas leyes en red. Si, en red. Pues lo característico de la textura de las redes son los agujeros. Unos agujeros por los que transite bidireccionalmente el aire, el agua y los objetos de cierto relativo tamaño. Dicen quienes entienden, que las leyes en la actualidad son deliberadamente así, ininteligibles para el común de los mortales, con una textura llena de agujeros para mejor motricidad de los grupos de presión y de interés. De ahí la impugnación que llevan a cabo los juristas tradicionales, los positivistas, sobre la actual crisis del Derecho. El abuso interesado de la legislación red es lo que ha permitido levantar la definitiva acta de defunción de la organización judicial en los límites territoriales del Estado, pues no cabe esperar ya coherencia en ninguna resolución judicial y mucho menos altura científica en sus fundamentos de derecho. Vuelve a refulgir, acaso con más fuerza, aquel título certero del viejo libro de von Kirchmann, La jurisprudencia no es ciencia. El balance conceptual verdad-mentira, inocente-culpable, jurídico-antijurídico ya no resulta fiable. Y en ese contexto agujereado, dable es imaginar a qué ínfima expresión han quedado reducidas las garantía probatorias. La jurisprudencia retiene exclusivamente hoy sólo –en el caso de que retenga alguna legitimidad- la legitimidad procedimental. La garantía de los derechos reducida a una simple cuestión de procedimientos con unas leyes flexibilizadoras cuando no antiformalistas.
El viejo Dacio Gil lleva toda una vida oyendo los cánticos de las bondades de los nuevos modelos de gestión que traen bajo el brazo las nuevas promociones de tecnócratas. Todas han terminado naufragando con estrépito en los objetivos proclamados, no así en los inconfesados.
Toda una generación de expertos en derecho administrativo (no confundir con los magistrados especialistas) concentró sus esfuerzos en intentar sistematizar en un corpus normativo coherente aquello que llamaron derecho estatutario funcionarial. Hoy, el tsunami que literalmente ha barrido del mapa el derecho administrativo se ha llevado consigo cualquier vestigio de derecho funcionarial. Sus ruinas, momias y cadáveres son objeto de estudio ya de la arqueología y la antropología. Y si aún tienen alguna apariencia de pervivencia es porque el Lobby judicial (ese que trata de repartirse los despojos del CGPJ) insiste en mantener una jurisdicción como la contencioso-administrativa cuya única razón es mantener una precaria casamata en la que cobijarse los jueces a los que horroriza tratar con seres humanos y prefieren con inanimados expedientes decimonónicos: los magistrados “especialistas” que proceden del previo desempeño de otras ramas del derecho.
“Muerto el perro, se acabó la rabia” reza el dicho popular. Enterrado el genérico derecho administrativo y el más concreto derecho estatutario, lo siguiente es hacer desaparecer a los funcionarios. Al menos en su consideración jurídica tradicional. Ya nadie en su sano juicio albergará esperanza alguna de que pueda surgir un guerrero del antifaz que salga a defender el principio de continuidad del servicio público, la inamovilidad como contrapartida a la requerida imparcialidad o el mérito y capacidad en el acceso y movilidad de las personas-funcionarios.
En un contexto como el actual en España, tan beligerante con los empleados públicos de base, no puede extrañar el auge del sálvese quien pueda en detrimento de la solidaridad y la buena convivencia en orden a servir a los ciudadanos y mantener los estándares de servicio. Prolifera el guerracivilismo del todos contra todos para defender cada cual su nicho o su sumidero. Así, no es extraño que los abogados del Estado, sumisos con el cada vez más proliferante asesoramiento a la Administración por los grandes despachos de abogados nacionales e internacionales, que han terminado por hacer irrelevante su función, traten de reorientar sus funciones, para hacerse valer y retener capital simbólico, invadiendo competencias de cuerpos específicamente generalistas como los TACs. A estas batallas asisten atónitos los funcionarios de base que llevan años obligados a intentar defender su parcela funcional literalmente a codazos frente a la injerencia de los empleados de las empresas contratadas para unas obras y servicios que se eternizan o con los que provienen de las ETTs. Comparten con ellos casi mesa... y, si no mantel, si bocadillo de caballa, aunque duden de la legalidad y la necesidad de los servicios que vendrían a prestar esos paracaidistas. Así las cosas, cabe afirmar que ese innovador modelo de gestión ya se encuentra instalado en la administración desde hace bastante, ahora lo que se pretende es asestar el golpe de gracia definitivo al modelo estatutario.
Tomemos un ejemplo paradigmático: Sorprende sobremanera que uno de los centros que más recauda para el Estado, la Dirección General de Tráfico, haya mantenido su condición de dirección general cuando entes diminutos, que casi ni recaudan, se aprestaron a transformarse en pretenciosa Agencia para gozar de mayor flexibilidad en su gestión y apuntalar con ello a sus directivos y gestores. Si Tráfico recauda tanto o más que la administración tributaria ¿a qué viene que se haya seguido manteniendo como simple dirección general abstrayéndose de la frenética carrera por constituirse en personalidad distinta del Estado? Hasta hace bien poco quien no era Agencia podía considerarse irrelevante organizacionalmente. En ese frenesí terminaron haciéndose agencias hasta el CSIC o el Instituto de Meteorología. Sin embargo la recaudación de matriculaciones, multas, radares, permisos de conducción, transmisiones de vehículos, canjes internacionales y demás trámites (no los chequeos médicos), tramitadas por funcionarios, no ha alcanzado siquiera el rango de Secretaría de Estado a pesar de recaudar más que la Agencia Tributaria. O responde al poco peso específico de las escalas funcionariales propias de tráfico, que no alcanzarían la consideración de “aristocracia de Estado”, o es que el peso decimonónico de la guardia civil imprime carácter. Nadie ha tratado de explicar esta flagrante excepción en una época en la que convertirse en Agencia se jugaba al “maricón el último”. ¿Será por la fuerza de presión de las gestorías?
El funcionario medio (o sea, el escudero, el que no tiene complemento de “prolongación de jornada” en una jornada que dicen que se unificará para todos) sabe la que se le avecina: nuevas confiscaciones de soldada y eliminación de unos "derechos adquiridos" que eran migajas cuando en el país se robaba a discreción: indiscriminación horaria y discriminación retributiva. Derechos adquiridos pero que, por lo que se ve, no se llegaron verdaderamente a adquirir...
Sabe también el funcionario honesto y corriente (que no es el caso de todos los funcionarios, dado que hay de todos los colores éticos y morales y marrullerías) que esta modulada tormenta de declaraciones e ideas del señor Beteta (especialista en adelgazamientos preDukan) y de doña Vira Rodriguez (con ínfulas también de adelgazamiento como Beteta) no hacen sino calentar el cotarro y propalar el miedo: la aristocracia de Estado siempre termina manteniendo sus privilegios. El universo funcionarial, proclive a la mediocridad, entiende mucho de miedos y tanto más cuanto afecta a su cada vez más exangüe monedero. Por eso sabe interpretar las tormentas eléctricas que se le avecinan. Y lo peor es que, en ese mundo de restricciones reales y aparentes, habida cuenta el caos organizativo imperante, están convencidos que el gobierno seguirá sin gobernar y la estricta administración será casi inexistente pues se maximizará la subcontratación con el sector privado en ámbitos que con orden y motivación podrían hacer ellos mismos. Bajo el modelo Sandy Springs de administración contratista, se va a ir imponiendo definitivamente el nuevo modelo de gestión de una administración hueca rellena de corporaciones de contratistas y subcontratistas.
Para confundirlo todo aún más, ese ministro que parece estar permanentemente en Babia (o en Gibraltar español), el de Exteriores, anuncia la creación de una Secretaría de Estado, la del remedo del Spain is different, que ahora muda por la de Marca España, que según tratan de convencernos (¿alguien puede creerlo de buena fe?) “no supone incremento de gasto público" y es plenamente compatible con la actividad privada. Para la dirección de ese Comisionado se ha pensado en el actual ¡vicepresidente de INDITEX! El genial y avanzado director teatral Ernesto Caballero ya lo anticipó en su brillante La fiesta de los jueces: INDITEX como paradigma y faro del servicio público; al modo de Halliburton en las guerras de EEUU...
De seguro, los funcionarios públicos de base (en el servicio público hay de todo, como demuestran los abogados del Estado metidos a TACs o los estadísticos de la Seguridad Social haciendo que modernizan lo imposible de modernizar: la oficina judicial y la Justicia toda) se estarán atando los machos –y las hembras- ante lo que está por venir: sólo resistirán los que sepan utilizar la caja registradora y colocar las monedas y billetes procedentes de multas y exacciones; el resto sobrará y será suplido por personal de las contratistas al modo de Sandy Springs, un municipio segregado de Georgia (EEUU) que funciona con poquísimos funcionarios (los que utilizan la caja registradora) siendo el resto insaculados de entre el listado de empresas que constituyen esa especie de asociación público-privada que dirige el municipio.
Cada época tiene sus mártires y sus santos. Ya lo apuntó Ramón J. Sender en su memorable Requiem por un campesino español en el que se traduce en clave española el descarnado “guerracivilismo”. Lo mismo que se avecina si no se pone remedio. Ya no serán cesantías, será pura exclusión.
Con todo, lo peor es que ya no cabrá siquiera formular aquella general y genérica sospecha de nepotismo estrangulador de la pomposa proclamación de los principios de mérito y capacidad que traducía aquél ¿Quién es masón? El que va delante de ti en el escalafón.
El viejo Dacio Gil lleva toda una vida oyendo los cánticos de las bondades de los nuevos modelos de gestión que traen bajo el brazo las nuevas promociones de tecnócratas. Todas han terminado naufragando con estrépito en los objetivos proclamados, no así en los inconfesados.
Toda una generación de expertos en derecho administrativo (no confundir con los magistrados especialistas) concentró sus esfuerzos en intentar sistematizar en un corpus normativo coherente aquello que llamaron derecho estatutario funcionarial. Hoy, el tsunami que literalmente ha barrido del mapa el derecho administrativo se ha llevado consigo cualquier vestigio de derecho funcionarial. Sus ruinas, momias y cadáveres son objeto de estudio ya de la arqueología y la antropología. Y si aún tienen alguna apariencia de pervivencia es porque el Lobby judicial (ese que trata de repartirse los despojos del CGPJ) insiste en mantener una jurisdicción como la contencioso-administrativa cuya única razón es mantener una precaria casamata en la que cobijarse los jueces a los que horroriza tratar con seres humanos y prefieren con inanimados expedientes decimonónicos: los magistrados “especialistas” que proceden del previo desempeño de otras ramas del derecho.
“Muerto el perro, se acabó la rabia” reza el dicho popular. Enterrado el genérico derecho administrativo y el más concreto derecho estatutario, lo siguiente es hacer desaparecer a los funcionarios. Al menos en su consideración jurídica tradicional. Ya nadie en su sano juicio albergará esperanza alguna de que pueda surgir un guerrero del antifaz que salga a defender el principio de continuidad del servicio público, la inamovilidad como contrapartida a la requerida imparcialidad o el mérito y capacidad en el acceso y movilidad de las personas-funcionarios.
En un contexto como el actual en España, tan beligerante con los empleados públicos de base, no puede extrañar el auge del sálvese quien pueda en detrimento de la solidaridad y la buena convivencia en orden a servir a los ciudadanos y mantener los estándares de servicio. Prolifera el guerracivilismo del todos contra todos para defender cada cual su nicho o su sumidero. Así, no es extraño que los abogados del Estado, sumisos con el cada vez más proliferante asesoramiento a la Administración por los grandes despachos de abogados nacionales e internacionales, que han terminado por hacer irrelevante su función, traten de reorientar sus funciones, para hacerse valer y retener capital simbólico, invadiendo competencias de cuerpos específicamente generalistas como los TACs. A estas batallas asisten atónitos los funcionarios de base que llevan años obligados a intentar defender su parcela funcional literalmente a codazos frente a la injerencia de los empleados de las empresas contratadas para unas obras y servicios que se eternizan o con los que provienen de las ETTs. Comparten con ellos casi mesa... y, si no mantel, si bocadillo de caballa, aunque duden de la legalidad y la necesidad de los servicios que vendrían a prestar esos paracaidistas. Así las cosas, cabe afirmar que ese innovador modelo de gestión ya se encuentra instalado en la administración desde hace bastante, ahora lo que se pretende es asestar el golpe de gracia definitivo al modelo estatutario.
Tomemos un ejemplo paradigmático: Sorprende sobremanera que uno de los centros que más recauda para el Estado, la Dirección General de Tráfico, haya mantenido su condición de dirección general cuando entes diminutos, que casi ni recaudan, se aprestaron a transformarse en pretenciosa Agencia para gozar de mayor flexibilidad en su gestión y apuntalar con ello a sus directivos y gestores. Si Tráfico recauda tanto o más que la administración tributaria ¿a qué viene que se haya seguido manteniendo como simple dirección general abstrayéndose de la frenética carrera por constituirse en personalidad distinta del Estado? Hasta hace bien poco quien no era Agencia podía considerarse irrelevante organizacionalmente. En ese frenesí terminaron haciéndose agencias hasta el CSIC o el Instituto de Meteorología. Sin embargo la recaudación de matriculaciones, multas, radares, permisos de conducción, transmisiones de vehículos, canjes internacionales y demás trámites (no los chequeos médicos), tramitadas por funcionarios, no ha alcanzado siquiera el rango de Secretaría de Estado a pesar de recaudar más que la Agencia Tributaria. O responde al poco peso específico de las escalas funcionariales propias de tráfico, que no alcanzarían la consideración de “aristocracia de Estado”, o es que el peso decimonónico de la guardia civil imprime carácter. Nadie ha tratado de explicar esta flagrante excepción en una época en la que convertirse en Agencia se jugaba al “maricón el último”. ¿Será por la fuerza de presión de las gestorías?
El funcionario medio (o sea, el escudero, el que no tiene complemento de “prolongación de jornada” en una jornada que dicen que se unificará para todos) sabe la que se le avecina: nuevas confiscaciones de soldada y eliminación de unos "derechos adquiridos" que eran migajas cuando en el país se robaba a discreción: indiscriminación horaria y discriminación retributiva. Derechos adquiridos pero que, por lo que se ve, no se llegaron verdaderamente a adquirir...
Sabe también el funcionario honesto y corriente (que no es el caso de todos los funcionarios, dado que hay de todos los colores éticos y morales y marrullerías) que esta modulada tormenta de declaraciones e ideas del señor Beteta (especialista en adelgazamientos preDukan) y de doña Vira Rodriguez (con ínfulas también de adelgazamiento como Beteta) no hacen sino calentar el cotarro y propalar el miedo: la aristocracia de Estado siempre termina manteniendo sus privilegios. El universo funcionarial, proclive a la mediocridad, entiende mucho de miedos y tanto más cuanto afecta a su cada vez más exangüe monedero. Por eso sabe interpretar las tormentas eléctricas que se le avecinan. Y lo peor es que, en ese mundo de restricciones reales y aparentes, habida cuenta el caos organizativo imperante, están convencidos que el gobierno seguirá sin gobernar y la estricta administración será casi inexistente pues se maximizará la subcontratación con el sector privado en ámbitos que con orden y motivación podrían hacer ellos mismos. Bajo el modelo Sandy Springs de administración contratista, se va a ir imponiendo definitivamente el nuevo modelo de gestión de una administración hueca rellena de corporaciones de contratistas y subcontratistas.
Para confundirlo todo aún más, ese ministro que parece estar permanentemente en Babia (o en Gibraltar español), el de Exteriores, anuncia la creación de una Secretaría de Estado, la del remedo del Spain is different, que ahora muda por la de Marca España, que según tratan de convencernos (¿alguien puede creerlo de buena fe?) “no supone incremento de gasto público" y es plenamente compatible con la actividad privada. Para la dirección de ese Comisionado se ha pensado en el actual ¡vicepresidente de INDITEX! El genial y avanzado director teatral Ernesto Caballero ya lo anticipó en su brillante La fiesta de los jueces: INDITEX como paradigma y faro del servicio público; al modo de Halliburton en las guerras de EEUU...
De seguro, los funcionarios públicos de base (en el servicio público hay de todo, como demuestran los abogados del Estado metidos a TACs o los estadísticos de la Seguridad Social haciendo que modernizan lo imposible de modernizar: la oficina judicial y la Justicia toda) se estarán atando los machos –y las hembras- ante lo que está por venir: sólo resistirán los que sepan utilizar la caja registradora y colocar las monedas y billetes procedentes de multas y exacciones; el resto sobrará y será suplido por personal de las contratistas al modo de Sandy Springs, un municipio segregado de Georgia (EEUU) que funciona con poquísimos funcionarios (los que utilizan la caja registradora) siendo el resto insaculados de entre el listado de empresas que constituyen esa especie de asociación público-privada que dirige el municipio.
Cada época tiene sus mártires y sus santos. Ya lo apuntó Ramón J. Sender en su memorable Requiem por un campesino español en el que se traduce en clave española el descarnado “guerracivilismo”. Lo mismo que se avecina si no se pone remedio. Ya no serán cesantías, será pura exclusión.
Con todo, lo peor es que ya no cabrá siquiera formular aquella general y genérica sospecha de nepotismo estrangulador de la pomposa proclamación de los principios de mérito y capacidad que traducía aquél ¿Quién es masón? El que va delante de ti en el escalafón.
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