NO HAY DEMOCRACIA SIN CONTAR CON EL ALMA DE LAS VÍCTIMAS.

Por unas razones o por otras –no es el momento ni el viejo Dacio Gil goza de autoridad alguna en este enjundioso tema-  la democracia tal y como hoy la padecemos no goza precisamente de buena prensa. La estrategia mundial de la doctrina del shock , o como convengamos en llamar a esta concatenación de crisis y desastres institucionales, ha conducido al concepto “democracia” a un callejón sin salida: se pierde en un vagoroso mundo de abstracciones sin concreción en los aspectos vitales de los ciudadanos. La disyuntiva democracia o miedo ha servido para desmantelar todo  un entramado de derechos sociales conseguidos con bastante sacrificio (y contrapartida de las bonanzas económicas, todo sea dicho honestamente)  pero sirve para poco más. Hoy es frecuente escuchar que hay que “relegitimar” las democracias.

No es preciso ser un experto en victimología  para percatarse que en el futuro de las democracias han de jugar un papel trascendental las víctimas. Sin ponderar e incorporar el sentimiento de las víctimas y de quienes han sufrido diferentes manifestaciones modales de violencia –hasta ahora ignoradas o exiliadas en el limbo del silencio instrumental- la democracia seguirá girando en el vacío en beneficio exclusivo de los instalados y sus beneficiarios directos e indirectos.

Tal vez en el primer estadio de  esa ilusionante  democracia de las víctimas, las llamadas clases medias  (hasta ahora protegidas por la entelequia mutante del interés general) serán las más perjudicadas viendo debilitada su posición jurídica, pero, visto lo visto, parece la única vía para levantar a la democracia del suelo en que se encuentra y hacerla andar de manera ciudadana y no desde las élites. Como con cierta gracia advierte el filósofo esloveno Slavoj Zizek, todos vendríamos a ser nuevos comunistas cobrando fuerza de las voces y los relatos de las víctimas, al modo de pedagogía de lo que jamás vuelva a ser una democracia defraudada en sus propios fundamentos.  En un libro de 1991 (1993 en español) que  debería de reeditarse ahora  (El miedo al vacío. Ensayo sobre las pasiones democráticas), Olivier Mongin hablaba de “volver más habitables las democracias”. Mongín mantenía que el miedo al vacío no se puede disociar de una representación desencarnada, desértica, reseca, del mundo.  “El miedo al vacío (que oculta los sufrimientos y los horrores que nutren las violencias cotidianas) da lugar a un mundo sin historia que debilita la civilidad y el civismo al punto que flotan como fantasmas.” Postula pasar del miedo al otro al miedo por el otro. Adelantándose   a las modernas formulaciones de la democracia dialógica, busca el eje en las confesiones institucionales de debilidad por no haber escuchado las quejas de las víctimas que han perdido la fe en la Polis. Casi a modo de conclusión, Olivier Mongin hacía,  más de 20 años atrás,  una clara proclamación: “¡Convertir las pasiones provocadas por el miedo! Dicho de otra manera, favorecer el pasaje político de la víctima al ciudadano, sabiendo que el ciudadano jamás tendrá derecho a olvidar a la víctima sin la cual la institución de la Polis pierde su destino, su sentido (…) Cuando el ciudadano se calla, cuando el hombre político permanecen en silencio, los ciudadanos se transforman a sí mismos fácilmente en víctimas, y ya no hay fronteras entre uno y otro."

La reciente noticia de la condena al general Efraín Ríos Montt en una sociedad extremadamente violenta con las víctimas como es Guatemala parece un paso adelante aunque bastante tardío, por lo que  habrá que observar con cautela y sumo interés  la evolución de los acontecimientos dada la absolución, por el juego procesal del silencio del imputado, del ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez. El tribunal hace en la sentencia una abstracta reflexión sobre la necesaria petición de "perdón por parte del Estado", pero considera culpable sólo a Ríos Montt, lo que permite sospechar que se haya tratado sólo de un nuevo juicio- espectáculo de dimensión internacional. En el contexto de las sinuosidades y complicidades de la justicia guatemalteca, de la presión asfixiante de las mafias institucionales dentro de una sociedad  fuertemente dividida  y el papel de muñidor que han venido tradicionalmente jugando  los EEUU y sus organizaciones internacionales satélites, habrá que analizar también qué se esconde tras la letra pequeña del llamamiento  al “ respeto por la institucionalidad pública” reclamado por el presidente guatemalteco, el también militar Otto Pérez Molina.

El caso de la sentencia condenatoria de Guatemala al casi nonagenario general  podría resultar paradigmática si no existieran otros sospechosos  precedentes, como el del caso de suicidio ejecutado por otros del letrado Rodrigo Rosenbeg Marzano resuelto hasta el momento de manera cinematográfica de serie B (sin que sea alusión alguna, de momento,  al documental de Justin Webster  I Will be Murdered ) bajo los auspicios de la CICIG. 

La ciencia política moderna destacó desde sus inicios los riesgos  que entraña la “racionalización” institucional de los fenómenos políticos emergentes, pero la historia se ha venido construyendo hasta la fecha a través de ciertas concesiones institucionales bajo la presión de las víctimas. No cabe otra alternativa.

En la España de hoy, en la que cunde una ola de anacrónico autoritarismo gubernamental-mediático, cuando las víctimas intentan articular su mensaje y cobrar algo de voz y de imagen en los espacios públicos enseguida se habla de escraches y se establecen mecanismos “antiviolencia” para intentar acallar  los mensajes de las víctimas a sus conciudadanos. Para las instituciones sólo existen las víctimas reconocidas por el Poder. En el caso de España, sólo las de ETA (no las del terrorismo) y algunas de las de género; el resto son ignoradas, cuando no reprimidas con los diferentes modos al uso, salvo las de los accidentes de tráfico que parece que se quiere que estén identificadas por la DGT, para, al parecer, contener el coste de las indemnizaciones judiciales que han de sufragar las compañías aseguradoras. Todo parece indicar que las compañías de seguros quieren  seguir transaccionando extrajudicialmente entre ellas el coste de los siniestros a espaldas de las víctimas y sus familias. Racionalización mercantil se llamaría eso.

¡Hay que hacer habitables las democracias! 

O, volviendo a las palabras de Olivier Mongin: “El respeto de la vulnerabilidad es el nudo gordiano. Esta vulnerabilidad produce tanto miedo entre los hombres de la democracia que llegan a creerse invulnerables. A volverse locos. Por miedo a lo banal.”

Sirvan estas modestas digresiones del viejo Dacio Gil, que algo conoce del asunto y ha tratado de irlo expresando a su modo en esta Tribuna Alta Preferencia, como humilde homenaje al Movimiento 15 M y a otros movimientos similares que tratan de poner voz al alma de las víctimas institucionales, para que intenten no desaprovechar -no desaprovechemos entre todos - las posibilidades que parecen ofrecerse para intentar ser algo más que objetos de una violencia modal sofisticada que parece estar pegada a nosotros como si fuera nuestra propia sombra.

EL TRISTE CIRCO JUDICIAL.

Últimamente el viejo Dacio Gil intenta practicar una saludable intermitencia en eso de sus apariciones en la blogsfera. Tiene perdido el fuelle (léase la fe, la esperanza y hasta la caridad) en eso de expresar pensamientos con incidencia en los acontecimientos patrios. Andan ahora las preocupaciones del usufructuario de esta Tribuna Alta Preferencia por otros derroteros como son las razones y consecuencias sociológicas del amor; por la paradigmática  gresca existente entre los servicios secretos del CNI, la policía, la guardia civil y la defensa;  por la aplicación de las pretendidas bondades absolutas que nos dicen comportará la futura y cada vez más inminente Ley de Transparencia  que también dicen (¡tanto nos dicen!) se viene cociendo en el INAP y en el CEPC parida de las cabezas de los equipos de los profesores Pendás, Arenillas y Villoria. El viejo Dacio Gil ha entrado en una preocupante fase de insomnio  de tanto pensar cómo se aplicará la que dicen será la “nueva Constitución” a las diferentes caras de la institucionalidad como son la mentira, el disimulo, los sonoros silencios, las mascaradas, el doble lenguaje, la triple contabilidad y todos los demás métodos ideados para sustraer el acontecer institucional al conocimiento general. Sobre todo, queda este viejo Gil en  estado intelectual de postración intentando conjeturar cómo se aplicaría la transparencia a las alcobas en las que despliegan sus amores (¿o será su sexo?) quienes ostentan jerarquías institucionales. Y, mucho más complicado aún, cómo disciplinará esa sospechosa nueva ley de leyes en la sociedad de la información a las múltiples sociedades secretas que copan los cómodos y bien retribuidos nichos que usufructúan aristocráticamente las  “élites del poder”. Se avizora conflicto irresoluble con la legislación de secretos oficiales y hasta con la simple -pero no tan simple en su aplicación- ley de protección de datos. El eterno círculo vicioso engalanado de virtuosismo.

Cabe suponer con criterios fundados que le pretenciosa Ley de Transparencia dormirá el mismo sueño de los justos en que se encuentran la ley de tráfico de influencias, la de incompatibilidades y hasta la propia constitución de 1978, adormiladas en el regazo de Morfeo: Instrumental lenguaje del Poder aplicado según sople la conveniencia. Así es la vida. Así está el derecho. Esas cosméticas soluciones cabe esperar de las instituciones públicas, privadas, medio pensionistas o de “empleo parcial o reducida jornada”.

Pensaba hablar el viejo Dacio Gil del absoluto y radical descrédito en el que se encuentran el derecho y la justicia al hilo  del despecho sentido por el abogado de la Reina Sofía (la reina de España parece que demandó a la web de adulterios discretos Ashley Madison bajo la dirección letrada del hijo del antiguo presidente de Las Cortes, que era catedrático de derecho civil como el hijo) por no haber resultado reelegido por los letrados madrileños o, al otro hilo, por los flirteos romántico-mediáticos del juez López como síntoma inequívoco de qué sea al fin eso de hacer justicia en un distorsionado subconsciente colectivo manipulado por los señoritos de siempre y sus adláteres; o, peor aún, qué cosa o emoción pasa predominantemente por la cabeza de un juez o una jueza -y nubla su entendimiento- cuando dicta una resolución en la que otros se juegan la vida en el asunto. Pero no hará nada de eso el usufructuario de esta Tribuna Alta Preferencia conocida la noticia de la Audiencia de Palma, no por esperada menos desasosegante. ¡Esto es España, señores! ¡Tápense la nariz, los ojos y la boca!

Ante la impotencia que provocan en el viejo Dacio Gil todas las  noticias atinentes a la sedicente Justicia, cargadas de verbalizaciones de cínico respeto, se limitará a transcribir la entrada de fecha 2 de abril de 2013 en el blog Palinuro titulada ¿Justicia en España? No me haga reír, hombre. Aunque entiende que el autor de  Palinuro se queda muy corto aludiendo sólo a los casos más relevantes políticamente, bien vale de ejemplo. El viejo Gil ni pone ni quita rey ni sustrae ni adiciona tilde, Ramón Cotarelo se sirve por sí solo con superior criterio que está muy por encima del viejo Dacio Gil:   

 Ignoro si la Justicia española es un cachondeo, como sostuvo en su día Pedro Pacheco con notable tecnicismo jurídico. Pero queda claro que, si no lo es, se le aproxima bastante con todos los caracteres de ley del embudo, justicia de clase y justicia de partido, generalmente en contra de los desfavorecidos y al servicio de los privilegiados.

Y descaradamente. A los hechos me remito:

• Caso Naseiro. El primer tesorero del PP al que pillaron en circunstancias iguales a las de Bárcenas ahora. Los jueces archivaron el caso mediante una triquiñuela legal de unas cintas que no se dieron por admitidas como prueba. En presunto delito quedó sin castigar.
• Caso Aznar. Es de menor rango pero muy significativo. Debidamente denunciado por infringir las ordenanzas municipales de Málaga por pasear los perros sin correa ni bozal, Aznar no será sancionado porque, según el ayuntamiento, hay cosas más importantes que hacer. Ese ayuntamiento, mañana, puede ponerle una multa a usted por hacer lo mismo que Aznar.
• Caso Cristina de Borbón. Al margen de si es tonta o se lo hace, hay ya indicios suficientes para imputarla, pero es altamente improbable que suceda. Y eso que su padre anunció que "la ley en España es igual para todos". Simplemente, no es verdad. Cristina, su familia, la Iglesia, los ricos, las derechas, el PP, están por encima de la ley.
• Caso Urdangarin. Mientras que en el caso de los EREs en Andalucía hay ya media docena de personas en prisión preventiva, en el de la presunta estafa de Noos, ninguno de los implicados ha pisado una cárcel ni es previsible que lo haga en un futuro próximo.
• Caso Fabra. Casi diez años de instrucción gracias al filibusterismo judicial del cacique; nueve jueces y otros tantos fiscales han pasado por la causa sin que el presunto ladrón haya sufrido la más mínima incomodidad. Al contrario, ha seguido en sus cargos y cometiendo todo género de desaguisados en ellos. Por fin tiene fecha para juicio oral por uno de sus numerosos supuestos delitos. Está por ver que sea condenado.
• Caso Camps, el Curita, amigo del alma de El bigotes, al que quiere "un huevo", absuelto gracias a un jurado popular que no lo encontró culpable de lo que a todas luces es culpable, siendo, por lo demás, la parte menos vistosa de sus supuestos latrocinios.
• Caso Camps/Barberá. Cuando ya es patente que estos dos mendas malversaron millones para dárselos a Urdangarin, el presidente del gobierno anda presuntamente haciendo gestiones para evitar que los imputen con el cuento de que tiene que salvar la Monarquía cuando lo único que le importa es que no caigan más delitos sobre el PP que, a estas alturas, parece una organización de delincuentes. Y quizá lo consiga. Quizá consiga que queden sin castigo expolios de millones al erario público.
• Caso FUNDESCAM. Parece bastante claro que el PP se financió ilegalmente con dinero negro canalizado a través de esta opaca fundación a mayor gloria de Esperanza Aguirre y cuyo principal valedor, Díaz Ferrán, está hoy en el trullo por presunto ladrón. Pero hasta la fecha nadie ha iniciado acción alguna para esclarecer los hechos. Se prefiere que prescriban. Lo habitual es que la fiscalía se niegue a actuar de oficio cuando se trata de presuntos delitos de gentes del PP.
• Caso Bárcenas. El último especimen de la lista de presuntos ladrones/tesoreros del PP. Millones de euros evadidos, quebranto a la Hacienda pública, entregas irregulares de dinero negro supuestamente repartido entre dirigentes del PP, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, encerrado en un silencio de molusco. Y ni un detenido ni un encarcelado.
• Caso Gürtel. Millones y millones estafados a las administraciones, defraudados a la Hacienda, decenas de cargos del PP presuntamente implicados en cobros ilegales, corrupción en todos los niveles de las administraciones públicas. Ni un solo condenado hasta la fecha excepto el juez que empezó a investigar el caso, Baltasar Garzón.
• Caso Feijóo, pillado de paseo con un reconocido narcotraficante y, por tanto, sospechoso de todo tipo de ilícitos penales. El martillo de Anxo Quintana, cuya dimisión exigió a gritos en su día por algo que no era ni la centésima parte de lo que se deduce de las relaciones de Feijóo con Dorado. No solo se niega a dimitir sino que nadie inicia una investigación sobre su nauseabundo comportamiento.
• Caso Rajoy. Involucrado en los "papeles de Bárcenas" como uno de los receptores de dinero negro en sobres, se niega a dimitir y a dar explicaciones satisfactorias e impone silencio a su partido sobre el asunto, ocultando información a la ciudadanía. A estas alturas esta sigue sin saber a ciencia cierta cuánto dinero cobra y ha cobrado en los últimos años al mes Rajoy. Solo se sabe que tuvo el morro de subirse el sueldo un 27% hace un par de años, mientras reclamaba que se le bajara a todos los demás. Y, por supuesto, nadie ha iniciado investigación alguna sobre un comportamiento presuntamente corrupto.
• Caso Juan Carlos I. Los últimos meses han dejado claro que el Rey de España no solo no tiene un comportamiento aceptable sino que es directamente reprochable. A sus aventuras africanas, el aparente miniserrallo que tenía cercano a su residencia, sus oscuras maniobras en lo referente a su yerno y el modo en que ha acumulado una inmensa fortuna, se han añadido unas cuentas en Suiza con unos capitales a su nombre que, al parecer, se han ocultado al fisco en España. Es decir, Juan Carlos viene a ser un evasor más pero, obviamente, a nadie se le ocurre que puedan iniciarse acciones judiciales en contra de él.
  
  Eso es solo para los pringaos. ¿Justicia en España? Venga ya.

APOSTASÍA JURÍDICA.

No cabe el menor resquicio para la duda: España es el paraíso de los policías y los espías. Junto a los trincones institucionales y la aristocracia política ocupan un lugar de privilegio en la piel de toro y sus islas de soberanía. Al que se mueve le mandan al madero; así entienden la técnica dialógica la señora Cifuentes y su cohorte de policías elevados a los niveles 30, 29 y 28 funcionariales sin mecanismos objetivos de promoción y selección. Puro músculo social.  A este paso España terminará siendo una monumental Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, dietas incluidas. Comisión Antiviolencia en todo, hasta lo más pacífico, festivo, tierno y amigable. Así en 1984 y así también en 2013.  Incrementalmente terminaremos teniendo un policía en la sopa y otro en el cuarto de baño, además de los que sobrevuelan por el disco duro del ordenador y la video vigilancia. De seguir esta tendencia, depender del CNI será como antaño encuadrarse en los sindicatos verticales. Habrá un inmenso ejército que seguirá vigilando la vida de nosotros.  

 El viejo Dacio Gil se viene maliciando que los ciberagentes policiales hispanos  ya habrán elaborado un informe a sus superiores sobre las potencialidades terroristas del usufructuario de esta Tribuna Alta Preferencia y sus colegas de la ATP. Seguro que en los próximos maratones y derbies futboleros circularán dosieres sobre la filiación con Al Qaeda de los truncos prejubilados. Habrá que rezar para que no nos acribillen a balazos en juicio extremadamente sumarísimo o que no nos veamos obligados a declarar por escrito por habernos traspasado la garganta  mil y un proyectiles desviados. 

La sociedad securitaria eficiencialista  necesita ofrecer resultados inmediatos para que no cunda el pánico aún más. Sin juicio ni derecho que valga  se buscan inmigrantes para endilgarles la paternidad del acto terrorista. Con posterioridad se nos inunda  con pretendida cientificidad policial: que si los archivos del FBI, que si las cámaras de vigilancia, que si mochileros, que si lobos solitarios, que si resentimiento por deficiente integración, que si… La realidad supera siempre la ficción en un mundo en el que el músculo suele taponar la inteligencia. Los miembros de la ATP (asociación de prejubilados truncos) ya hemos elegido un jesuita popular para presentarnos debidamente confesados por lo que pueda pasarnos en lo sucesivo. En materia policial (como en otras múltiples materias, seamos honestos) no cabe cifrar muchas expectativas en una Ley de Transparencia al modo de Constitución salvífica. Es como el establecido derecho a la vivienda  en la Constitución de 1978 o la persecución judicial  de los desmanes de la administración del Estado en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Pías intenciones.     

Transparente sociedad securitaria  terminarán llamando a este tinglado, pues el lenguaje se presta a velar cualquier impudicia (y también inmundicia) instrumental de las instituciones como si se tratase de un traje (institucional) de caucho. Se olvidarán de los escraches pero utilizarán cualquier otra palabreja. Pretendidos especialistas o ilustres académicos de la RAEL se prestarán a la búsqueda. El caso será seguir legitimando a través del miedo la compulsión directa o sofisticadamente indirecta. Siempre podrá recurrirse  al eterno aspirante al sillón presidido por una letra del abecedario. Verbigracia: ¿Tendrá que esperar el burgalés Alejandro Grijelmo a que fallezca Cebrián para ocupar su sillón o su valedor hará lo mismo que ha hecho García de Enterría con Muñoz Machado? Como solía recordar con suma gracia el niño republicano, cuando fallan otros potenciales atributos siempre quedan la lengua y los deditos: la arenga legitimista y el piropo, por un lado y el tableteo sobre el teclado y la caricia por el otro.

Tiempo tal vez para lingüistas pero no para juristas. Un viejo y (bien) vivido jurista granadino que ha escalado casi todo el gradiente institucional socio-jurídico  caía el pasado 20 de abril del guindo denunciando en su Brevete lo que viene pasando -y que acaso ha venido pasando siempre- con el llamado “lenguaje del poder” como se conoce al derecho en el argot marxista. El viejo Dacio Gil tiene debilidad por los viejos juristas descreídos por eso se lamenta que Stefano Rodotá, el presidenciable propuesto por Beppe Grillo y el M5 estrellas no haya salido elegido Presidente de la República de Italia optándose por la gerontocracia partisana de Giorgio Napolitano para dotar de credibilidad continuista el devenir vacilante de sus instituciones.

Nuestro jurista viene a dudar sobre la fe colectiva en el derecho, parece haberle abandonado la fortaleza de ánimo  que demostró Piero Calamandrei cuando defendía la vía jurídica como arma de progreso. Su Brevete lleva por título Humillación del Derecho:

A diario se nos informa de que, tanto en España como en otras naciones, las normas jurídicas se interpretan para agradar a quienes políticamente mandan. Hay casos escandalosos  de versiones parciales, interesadas, negando lo que resulta claro para cualquier ciudadano: O sea, que el estudio del derecho en la Universidad está resultando un fracaso, pues cuando debe aplicarse a casos  de especial importancia y resonancia social, el llamado “jurista”, bien con un cargo en la Administración de Justicia (¡incluso en los más altos!), bien sea un letrado defensor o acusador, no quiere ver en las reglas lo que perciben todos, incluso los faltos de instrucción en la materia. La doctrina jurídica se ha convertido en un instrumento al servicio de los poderosos. Acaso sería conveniente (y menos humillante) suprimir la Facultad de Derecho en las universidades y que todos fuéramos legos en la materia.

Sobrecoge (¡y clarifica!) que llegue a esa desconsolada conclusión un expresidente del Tribunal Constitucional.

Así está el patio. Sobra propalar mediocres chismes de vecindario o desvelar egregias intrigas palaciegas